"En el presente caso está demostrado y no es objeto de debate que el demandante superó el proceso de selección correspondiente y fue nombrado en propiedad para ejercer el empleo de Secretario Ejecutivo 4210-23 de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca CAR, acto administrativo en el que se le informó que luego de aceptado el nombramiento, contaba con 10 días hábiles para tomar posesión (f. 28 archivo 05 exp. digital). (...) Por medio de la Resolución 3241 de 25 de octubre de 2018, la Entidad derogó el nombramiento en período de prueba del demandante por falta de posesión (f. 34 archivo 05 exp. digital). (...) En consecuencia, lo que se encuentra probado es que, para el 16 de octubre, fecha en la que el actor acredita haber acudido a la Entidad, su carpeta de documentos no le fue recibida por estar incompleta y solo recibió apoyo a efectos que actualizara su certificado de bienes y rentas en el sistema, lo que provocó que no se hubiera completado el proceso de entrega de documentos para el cual solo tenía plazo hasta el 18 del mes y año indicados. (...) En este orden de ideas, la Sala considera que la Entidad erró al exigir como requisito de posesión que se diligenciara un documento que ya era visible en el SIGEP aunque para otra Entidad, y pese a conocer el interés del concursante por posesionarse mantuvo su decisión basada en una exigencia que vulnera el principio de prevalencia del derecho sustancial en virtud del cual “las formas no deben convertirse en un obstáculo para la efectividad del derecho sustancial, sino que deben propender por su realización. Es decir, que las normas procesales son un medio para lograr la efectividad (…). si bien las normas procesales han sido instituidas para garantizar el derecho al debido proceso, no pueden convertirse en un límite infranqueable para la consecución del derecho subjetivo en discusión. Por expresa disposición constitucional y legal, el principio de prevalencia de lo sustancial sobre lo formal es una norma rectora de la ley procesal” , pues es claro que desde que se presentó el 16 de octubre de 2018 a posesionarse, el actor ya tenía registrada su declaración de bienes en el SIGEP. (...) Así entonces, en este caso es evidente que no se justifica la expedición de la Resolución por medio de la cual se derogó el nombramiento, pues el actor acreditó el cumplimiento de los requisitos para la posesión, luego la derogatoria se produjo por una actuación omisiva y de un exceso ritual de la Entidad, lo que derivó en la transgresión del principio rector de la carrera administrativa y del derecho de acceso al cargos públicos del demandante. (...) Como consecuencia de lo expuesto, la Sala comparte el criterio expuesto por la primera instancia en cuanto accedió a la declaratoria de nulidad de los actos demandados. (...) Por consiguiente, a título indemnizatorio se ordenará pagar el equivalente a salarios, primas y demás prestaciones que debió percibir el accionante durante el periodo de prueba, descontando de ese monto las sumas que, por cualquier concepto laboral, público o privado, dependiente o independiente, haya percibido. (...) La Sala observa que la solicitud de reconocimiento de perjuicios materiales, la cual se fundamenta en la retribución por los salarios dejados de percibir, queda inmersa en la orden de restablecimiento del derecho que se profiere en esta instancia. Asimismo, tal como lo señaló el a quo, los perjuicios por daños en la salud no fueron debidamente probados, pues la prueba testimonial no es idónea a efectos de demostrar este tipo de afectación la cual puede ser acreditada a través de medios documentales que en este caso no fueron aportados. (...) De conformidad con la jurisprudencia unificada del Consejo de Estado, el concepto de perjuicio moral, “se encuentra compuesto por el dolor, la aflicción y en general los sentimientos de desesperación, congoja, desasosiego, temor, zozobra, etc., que invaden a la víctima directa o indirecta de un daño antijurídico, individual o colectivo” . Para la Sala, de las pruebas recaudadas no se logra establecer de manera fehaciente, cómo la falta de posesión del actor provocó las aflicciones a que hace alusión la jurisprudencia y en tal medida no se encuentra mérito para su reconocimiento, por lo que se mantendrá la decisión de primera instancia en cuanto dispuso negar esta pretensión. (...)